El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia clave en materia de incapacidad permanente, reconociendo el derecho a la pensión de una trabajadora del sector limpieza que había sido previamente denegado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y, en segunda instancia, por el juez del Juzgado de lo Social.
La trabajadora, con profesión habitual de limpiadora, padece diversas patologías crónicas y limitantes que le impiden continuar desarrollando su actividad profesional. El cuadro médico de la trabajadora consta de las siguientes patologías: espondiloartrosis cervical y lumbar, síndrome de inestabilidad y mareo, fibromialgia, diversas hernias vertebrales que comprimen el saco dural, provocando dolor y limitación a la movilidad.
Estas patologías fueron corroboradas por informes médicos contundentes, lo cual permitió al tribunal establecer una limitación funcional suficiente para impedir el desempeño profesional habitual con la necesaria eficacia, continuidad y profesionalidad.
En la sentencia, el tribunal determinó que el conjunto de secuelas afecta gravemente a la capacidad laboral de la demandante, subrayando que existe un dolor persistente junto a un déficit de movilidad, que la profesión de limpiadora exige esfuerzos físicos, movimientos repetitivos, agacharse, subir y bajar, lo cual resulta incompatible con las dolencias descritas y que la afectación se produce de forma sostenida en el tiempo, sin evolución médica favorable.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la resolución del INSS, y la sentencia del Juzgado de lo Social, declarando a la trabajadora en situación de incapacidad permanente total para su profesión de limpiadora, con derecho a una pensión vitalicia mensual del 55% de su base reguladora.
Este caso demuestra cómo, incluso ante una resolución negativa inicial del INSS y posteriormente una sentencia denegatoria del juzgado de lo social, es posible obtener una pensión por incapacidad permanente, recurriendo al Tribunal Superior de Justicia, si se cuenta con un diagnóstico clínico sólido y un adecuado respaldo jurídico.
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