El Juzgado de lo Social Nº10 de Barcelona ha reconocido la incapacidad permanente total a nuestra cliente, una trabajadora del sector de recursos humanos, tras una batalla legal contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que previamente le había denegado la prestación.
La beneficiaria, de más de 55 años y con un historial clínico complejo que incluye covid persistente, fibromialgia, trastorno depresivo mayor, cervicolumbalgia y gonartrosis, había instado a la pensión al verse incapacitada para continuar en su profesión habitual como Directora de Recursos Humanos. Pese a ello, el INSS no reconoció su derecho argumentando que las dolencias no justificaban una incapacidad suficiente, pese al informe del Hospital Germans Trias i Pujol donde consta que “la sintomatología respecto al COVID es importante y persistente con mucha afectación neurocognitiva que le limita de forma moderada la ABVD (actividades básicas de la vida diaria)”
Gracias a una firme estrategia jurídica, sustentada en informes médicos especializados y una sólida defensa legal, el magistrado del juzgado de lo social falló a nuestro favor reconociendo que su estado de salud la incapacita para desarrollar las funciones clave de su profesión habitual, y que no puede ser reubicada en otro puesto de exigencia similar.
Este caso real demuestra que sí es posible revertir una denegación del INSS. Muchos trabajadores desconocen que tienen la opción de acudir a la vía judicial, donde un equipo legal especializado puede hacer valer sus derechos con altas probabilidades de éxito.
Somos referentes en Incapacidad Permanente por COVID persistente
Este no es el único caso en el que nuestro centro médico jurídico, especializado en incapacidades, ha logrado resultados favorables en materia de COVID persistente. En otro caso, conseguimos que la Seguridad Social reconociera la Incapacidad Permanente Total a un trabajador comercial sin necesidad de acudir a la vía judicial.
Ver caso real reconocido directamente por el INSS
Ambos casos ponen de manifiesto que el COVID persistente y sus secuelas pueden justificar legalmente una incapacidad permanente, siempre que se documente adecuadamente.
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