El Juzgado de lo Social Número 25 de Barcelona ha concedido una pensión por Incapacidad en grado de Absoluta a una auxiliar administrativa con graves problemas traumatológicos por poliomelitis, que el impiden estar mucho tiempo de pie y también sentada. Según el INSS " las lesiones que padece no alcanzan un grado suficiente de incapacidad laboral permanente".
El INSS, que en su día reconoció la imposibilidad para trabajar del comercial, le rebajó el grado (y la cuantía de la pensión) al considerar mejoría el dejar de llevar la sonda vesical.
El Alto Tribunal revoca así las decisiones del INSS y la del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Lleida, que consideraban que, pese al dolor, la demandante podía continuar trabajando. El INSS deberá abonarle una pensión vitalicia de 622€ con efectos retroactivos desde diciembre de 2016, lo que supone unos atrasos de más de 11.000€.
La segunda instancia judicial deja en entre dicho la estrategia del INSS de recurrir sentencias y así evitar el pago de las mismas, pese a quedar patentes la gravedad y cronicidad de las patologías de los demandantes.
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